La Vicepresidencia de la República y cuatro ministerios activaron, en Ecuador, un plan intersectorial para prevenir el embarazo en adolescentes durante la Semana Andina de Prevención del Embarazo en Adolescentes (22–29 de septiembre de 2025). Participan el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec), el Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) y el Ministerio de Gobierno (MDG), bajo la PIPENA vigente desde 2018. La medida gana relevancia por su enfoque de salud pública y protección de derechos, y por un decreto presidencial de mayo de 2025 que elevó el tema a prioridad institucional.
De acuerdo con el MSP, existe una red conformada por 1.332 establecimientos que proporcionan servicios integrales y amigables para adolescentes, gratuitos, confidenciales y seguros. La mejora de habilidades abarca a 8.685 profesionales acreditados en atención integral para esta franja de edad. Simultáneamente, se han promovido 1.529 clubes juveniles, involucrando la participación de 22.548 jóvenes de entre 10 a 19 años, enfocándose en la promoción de la salud con especial atención en la educación sexual integral. Igualmente, se promociona la línea 171, opción 2, que brinda orientación en salud sexual, salud reproductiva y prevención de violencia.
El Minedec ejecuta la Estrategia Nacional de Educación Integral en Sexualidad. De acuerdo con la institución, cerca de 36.000 docentes cursaron el programa “Reconoce Oportunidades Curriculares de Educación Integral en Sexualidad” y, en el último año, más de 344.000 estudiantes aplicaron instrumentos y metodologías asociadas. Además, 400 profesionales fueron capacitados en “Herramientas para la asesoría en salud sexual y reproductiva en adolescentes y jóvenes”, en alianza con la Universidad Javeriana. La estrategia prioriza 1.133 instituciones educativas y ha sensibilizado a más de 678.000 estudiantes en prevención de la violencia sexual y de género mediante el Recorrido Participativo.
El MDH centra sus esfuerzos en la protección completa de infantes y adolescentes en condiciones vulnerables, con 11.700 servidores capacitados en derechos para la formación integral en sexualidad. La política social se complementa con ayudas económicas (bonos y pensiones) dirigidas hacia la inclusión económica y el respaldo a víctimas de violencias, especialmente aquellas relacionadas con pobreza y pobreza extrema.
El MDG opera 41 Servicios de Protección Integral y 15 Centros Violeta en 40 cantones, para atención a víctimas de violencia de género, trata y tráfico, con equipos legales, psicológicos y de trabajo social. Estas unidades prestan atención, acompañamiento y asesoría en modalidades individual, familiar y comunitaria, articuladas con las otras carteras del Ejecutivo.
El Gobierno considera como respuesta factores sociales: carencias en necesidades esenciales, obstáculos para acceder a los servicios de salud, falta de educación completa sobre sexualidad y la aceptación social de la violencia sexual y matrimonios precoces. El decreto presidencial de mayo de 2025 dio a la Vicepresidencia la responsabilidad política en este ámbito, con la tarea de coordinar políticas públicas completas, planes, programas y proyectos.
A pesar de que los progresos en cobertura y capacitación son visibles, todavía se necesitan indicadores de resultado para medir el efecto: índice actual de embarazo adolescente, objetivos 2025–2026, financiamiento utilizado y diferencias por región y grupo étnico. El siguiente paso es divulgar indicadores comparables, con referencias iniciales y metas trimestrales, para garantizar transparencia y ajustes de políticas fundamentados en datos.
